‘El fortalecimiento del paramilitarismo amenaza el proceso de paz en Colombia’: entrevista con Berenice Celeita

Los procesos de aprendizaje sobre los acuerdos de Paz en Latinoamérica tuvieron una jornada de reflexión y debate el pasado marzo en Amsterdam, cuando la defensora de los Derechos Humanos (DDHH) en Colombia Berenice Celeita y el representante de la comunidad La Primavera del Ixcán (CPR) Marcos Ramírez de Guatemala intercambiaron experiencias en el “Tour por los procesos de paz”, organizado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI).

Dos países en busca de la Paz con diversidad de referentes y en diferentes etapas tuvieron una retroalimentación sobre los procesos que viven en la actualidad cada uno de sus Estados. Mientras Colombia inicia las negociaciones con el grupo guerrillero Ejercito de Liberación Nacional (ELN), después de firmar la Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombia (FARC), en Guatemala pasaron ya 20 años desde la firma de los acuerdos de Paz con la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). 

“Esta gira permite vernos en el espejo de Guatemala 20 años después de los acuerdos y cómo podemos aprender de las lecciones que las comunidades de Guatemala han vivido en estos años para no repetir algunos errores que se han cometido y para aprovechar las lecciones aprendidas en al campo de la participación”, puntualiza la representante y fundadora de NOMADESC, Asociación para la Investigación y Acción Social en Colombia, Berenice Celeita.

A su paso por Holanda Celeita me concedió esta entrevista para conSentido.

Sobre cómo las comunidades están viviendo las conversaciones por la paz en Colombia, Celeita argumenta que la situación es difícil porque justamente después del acuerdo y el acto legislativo que se vivió en el congreso de la república, se ha incrementado la violación de derechos humanos.

“El fortalecimiento del paramilitarismo resulta ser la amenaza más grave al proceso de paz”, indica Celeita, enfatizando la fuerte presencia paramilitar en todos los territorios, los desplazamientos masivos en Choco, y la implementación de megaproyectos en Buenaventura con que estarían afectando los derechos de la comunidades.

Un ejemplo es la detención masiva de 14 defensores de DDHH y campesinos que han venido luchando contra la implementación de un mega proyecto minero en sur de Bolívar, que como explica Celeita, muestra una directa responsabilidad del estado en atacar y criminalizar la protesta social.

 “El post-conflicto está lejos en Colombia. Hay un acuerdo que se está implementando en su primera fase con muchas dificultades, por los incumplimientos del gobierno colombiano incluso por la parte logística.”

Haciendo referencia a modificaciones en los acuerdos iniciales, Celeita indica que se han incluido amnistías e incluso algunos beneficios a militares colombianos y a gobernadores implicados en la violencia política y en la creación de los grupos paramilitares  protagonistas del horror de la guerra en Colombia. En consecuencia, la demanda en estos momentos se centra en hacer que los niveles de verdad, los niveles de justicia y de reparación integral, no sean negociables.

“El gobierno colombiano tiene que entender que para que haya un tránsito hacia la paz y hacia las garantías de no repetición, debe mostrar voluntad política en juzgar a los responsables del conflicto social, económico y armado en Colombia”, puntualizó Celeita.

 Sobre las reparaciones diferenciadas según el grado de daños sufridos durante los años de violencia, la defensora de DDHH sostiene que en las últimas semanas en La Habana, antes de firmar el acuerdo, se incluyó un capitulo étnico. Esto implicaba incorporar en los acuerdos de Paz las demandas de las comunidades indígenas, comunidades negras, comunidades raizales, las cuales han sido víctimas de eliminación y genocidio.

Las reparaciones exigidas son reparaciones colectivas y tienen que ver con la titulación de territorios colectivos y financiación de proyectos agroalimentarios (donde las comunidades fueron víctimas de despojo). Además, se exige la implementación de mecanismos de respeto a la consulta previa libre e informada, lo que implica la incorporación de elementos humanitarios de los DDHH que el gobierno colombianos aún no ha reconocido.

Aunque para Celeita trabajar en la defensa de los DDHH conlleva riesgos, como el uso de la violencia física y verbal,  su rol la reta a observar de manera directa que los procesos se desarrollen de manera integral y coherente.

“Uno de los derechos fundamentales es el derecho a pensar distinto. Luchar es comprometerse con la verdad,  comprometerse con una postura ética frente a la vida y frente al mundo y desarrollar desde ahí de manera coordinada, con los sectores afectados, las posibilidades de cambio que se requieren en nuestros países, donde se violan abiertamente, principalmente, el derecho a la vida y el derecho al territorio”, explicó.

Sobre el papel de la Comunidad Internacional en el proceso de Paz la entrevistada señala que es imprescindible que por un lado se siga demandando del gobierno colombiano garantías para los territorios, las comunidades, y para los pueblos y sectores sociales amenazados. Por otro lado, para entender lo que está pasando en Colombia, es necesario hacer seguimiento desde las regiones afectadas.

 “Si hay paramilitarismo, de dónde nace el paramilitarismo, cuáles son los orígenes, cuáles son los intereses de este. Y buscar que el estado reconozca que esto existe.”

Celeita recalca que  en caso de que los actores o estados internacionales tengan intereses y/o inversiones, deben comprometerse en hacer seguimiento cercano y concienzudo a la región en la que invierten, caso contrario es posible que sus inversiones estén relacionadas con violaciones de DDHH:

“Se necesita que el mundo entienda que se requieren normas vinculantes para los estados porque no pueden llegar a hacer lo que quieren en nuestros países y luego irse con las ganancias y dejarnos a nosotros con la violencia, los muertos y la desolación.”

Para la representante de los DDHH es fundamental que la Comunidad internacional tome conciencia de la  importancia e inalienabilidad del derecho a la solidaridad, un derecho por el que todos debemos seguir luchando.

Finalicé la entrevista preguntando a Celeita si cree posible la paz en Colombia:

“Es posible en la medida que el gobierno colombiano entienda que tiene que abrir la participación a las comunidades, pueblos y sectores. De lo contrario pues será un acuerdo más de los tantos que se han firmado y de los tantos compromisos que ha hecho el gobierno sin que exista real posibilidad de cumplirse en los lugares donde deben hacerse las transformaciones. El silencio de las armas es un paso necesario pero la paz implica también justicia social, respeto a la dignidad humana, inversión y reinversión de nuestros propios recursos en las comunidades para mejorar sus condiciones de vida. Es lo que nosotros llamamos una paz transformadora, una paz participativa, una paz incluyente. Una paz que demuestre que existe voluntad política de cambio, de lo contrario es como jugar solitario y hacerse trampa.”

Berenice Celeita es defensora de Derechos humanos desde hace 28 años. Ha recibido diversas amenazas y ha sido víctima de la llamada ‘Operación Dragón’, en la cual diversos activistas y líderes del Valle del Cauca fueron objeto de un plan de asesinato y una campaña de desprestigio. En 1998 Berenice recibe The Robert F. Kennedy Human Rights Award. PBI acompaña a NOMADESC desde 2011 y a su presidenta desde 1999.